Las fábricas ubicadas en tierras de cultivo han sostenido una situación de ilegalidad durante décadas, reduciendo el espacio dedicado a tareas agrícolas. Para evitar este «desangrado», el Yuan Legislativo aprobó el año pasado, en plena polémica, una «Ley de conciliación y gestión de fábricas» que concede a las fábricas ilegalmente establecidas en suelos previstos para el cultivo un plazo de 20 años. Durante este tiempo, el estado guiará a las fábricas no registradas antes de que Tsai Ing-wen se convirtiese en presidenta, hacia su transformación, mudanza o legalización. El número de fábricas ilegalmente construidas en suelo agrícola es innumerable. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué los agricultores prefirieron vender tierras y que se convirtiera en un negocio floreciente?
Lo contamos aquí en Plaza Pública.